Nadie puede cuestionar en una democracia el derecho de cualquier ciudadano u organización del tipo que sea: partido, gremio, asociación cultural, iglesia a fijar su punto vista sobre una determinada iniciativa oficial o no oficial. En el caso concreto de la enmienda constitucional que será sometida a referendo el próximo 15 de febrero, ese derecho le asiste a cualquier compatriota. Para mí, por ejemplo, es tan importante la posición de quienes están a favor de la enmienda como la de los que están en contra. Por eso no comparto la descalificación burda de unos y de otros.
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